El Salvador está pidiendo espacios para cuidar su salud mental

Más personas buscan psicoterapia, pero el verdadero desafío es garantizar que puedan recibir atención, sostener sus tratamientos y encontrar acompañamiento antes, durante y después de una crisis.

Una reflexión sobre la salud mental en El Salvador, las desigualdades en el acceso a psicoterapia, la prevención del suicidio y la responsabilidad de construir políticas públicas que coloquen el cuidado psicológico en el centro de nuestra sociedad.

Durante muchos años, hablar de salud mental en El Salvador estuvo acompañado de silencios, prejuicios y temores. Acudir al psicólogo podía interpretarse como una señal de debilidad, como algo reservado para quienes atravesaban situaciones extremas o como un asunto que debía resolverse dentro de la familia.

Hoy comenzamos a observar una transformación importante.

Cada vez encontramos más personas dispuestas a reconocer que necesitan ayuda psicológica. Personas que buscan comprender su ansiedad, elaborar un duelo, recuperar su autoestima, aprender a establecer límites, enfrentar experiencias traumáticas o encontrar herramientas para relacionarse de una manera más saludable consigo mismas y con los demás.

Este cambio merece ser reconocido. Sin embargo, también nos obliga a formular una pregunta incómoda:

¿Estamos construyendo en El Salvador suficientes espacios de atención para responder a las personas que finalmente se están atreviendo a pedir ayuda?

Porque una sociedad no puede limitarse a promover que sus ciudadanos hablen de salud mental. También tiene la responsabilidad de garantizar que, cuando lo hagan, encuentren respuestas oportunas, accesibles, dignas y sostenidas.

La salud mental salvadoreña: una realidad que necesita atención

La Encuesta Nacional de Salud Mental de El Salvador 2022, desarrollada por el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud, representa un avance importante para comprender las necesidades psicológicas de nuestra población.

Entre sus resultados se han reportado prevalencias de síntomas depresivos cercanas al 22 % y de ansiedad cercanas al 20 % en población adulta de 18 a 59 años, considerando distintos grados de sintomatología.

Estas cifras no significan que todas esas personas tengan un diagnóstico clínico, pero sí muestran una dimensión del malestar emocional que no podemos ignorar.

Detrás de los porcentajes encontramos historias concretas: madres y padres que intentan sostener emocionalmente a sus hijos, jóvenes que viven con ansiedad, trabajadores que experimentan agotamiento, personas mayores que enfrentan soledad y familias que atraviesan pérdidas, enfermedades o situaciones de violencia.

La salud mental no es una problemática aislada de la realidad social. Está profundamente relacionada con las condiciones económicas, la seguridad, el empleo, las oportunidades educativas, las relaciones familiares, las experiencias adversas y la disponibilidad de redes de apoyo.

Por eso, hablar de salud mental exige mirar más allá del diagnóstico individual.

No podemos comprender completamente el sufrimiento psicológico sin considerar las condiciones en las que las personas viven, trabajan, estudian, se relacionan y buscan sobrevivir.

Lo que nos están diciendo las personas que solicitan psicoterapia

Desde el Centro de Psicología Althea hemos tenido la oportunidad de observar una parte de esta realidad a través de las solicitudes de atención psicológica recibidas.

En una revisión de nuestra base de registros, correspondiente al período comprendido entre agosto de 2024 y el 7 de octubre de 2026, identificamos 941 solicitudes con fechas válidas.

Solicitudes registradas, no necesariamente pacientes únicos ni tratamientos iniciados. Los períodos de 2024 y 2026 son parciales y no deben compararse como años completos.

Estos datos no constituyen una muestra representativa de El Salvador. Tampoco permiten afirmar, por sí solos, que los trastornos mentales estén aumentando en la población.

Sin embargo, reflejan una demanda sostenida de atención psicológica y nos permiten identificar necesidades que aparecen repetidamente en las historias de quienes buscan ayuda.

Entre los motivos de consulta registrados encontramos ansiedad, pensamientos recurrentes, dificultades para regular las emociones, tristeza persistente, síntomas depresivos, problemas de autoestima, conflictos de pareja y familiares, dependencia emocional, experiencias traumáticas, dificultades para dormir, estrés laboral, procesos de duelo y preocupaciones relacionadas con la crianza y el desarrollo infantil.

También aparecen solicitudes vinculadas con ideación suicida, experiencias de violencia y situaciones que requieren valoración del riesgo e intervención especializada.

Pero hay algo particularmente significativo en las respuestas.

Cuando preguntamos a las personas qué esperan lograr mediante la atención psicológica, muchas no responden utilizando categorías diagnósticas. Expresan deseos profundamente humanos: encontrar tranquilidad, aprender a manejar sus emociones, dejar de sufrir por situaciones del pasado, comprenderse mejor, recuperar su autoestima, mejorar sus relaciones o encontrar herramientas para continuar.

En otras palabras, las personas no siempre llegan buscando un diagnóstico. Muchas llegan buscando una manera diferente de vivir.

Y esa distinción debería orientar también la manera en que diseñamos nuestros servicios de salud mental.

La salud mental también tiene una dimensión económica

Uno de los aspectos más importantes de nuestra revisión está relacionado con las condiciones económicas de quienes solicitan atención.

En el segmento de la base de Althea que contiene información sobre ingresos familiares, se identificaron 20 solicitudes de hogares con ingresos mensuales de $400 o menos y 15 solicitudes de hogares con ingresos superiores a $1,000. También existen registros de personas que reportaron cobertura mediante póliza de ASESUISA.

Estos resultados corresponden únicamente al subconjunto en el que esas variables fueron registradas y pudieron identificarse; no representan una distribución económica de las 941 solicitudes ni permiten calcular una proporción general de usuarios asegurados.

Aun con esa limitación, nos permiten abrir una reflexión necesaria.

El sufrimiento psicológico no distingue clases sociales. La ansiedad, la depresión, las experiencias traumáticas, el duelo y las crisis familiares pueden atravesar hogares con distintas condiciones económicas.

Pero la posibilidad de recibir y sostener un tratamiento psicológico sí puede estar profundamente condicionada por el ingreso.

No es lo mismo necesitar psicoterapia cuando el hogar dispone de más de mil dólares mensuales que cuando una familia entera debe organizar su alimentación, vivienda, transporte, educación y salud con cuatrocientos dólares o menos.

Para algunas personas, pagar una consulta implica reorganizar sus gastos. Para otras, puede significar renunciar a una necesidad básica.

Y esto nos coloca frente a una contradicción que debemos reconocer:

Hemos avanzado en decirle a la población que pedir ayuda es importante, pero todavía tenemos enormes desafíos para garantizar que todas las personas puedan recibirla.

La presencia de usuarios con cobertura de aseguradora también invita a examinar el papel del sector privado. La psicoterapia, la evaluación psicológica, la atención psiquiátrica y el seguimiento posterior a una crisis deberían integrarse de manera más sólida en las coberturas de salud, con condiciones claras y continuidad suficiente.

No basta con ofrecer unas pocas sesiones si las necesidades clínicas requieren procesos de mayor duración.

Además, existe una población que probablemente nunca aparece en las estadísticas de los centros psicológicos: las personas que necesitan atención, pero que ni siquiera solicitan una cita porque consideran que no podrán pagarla.

Esta realidad obliga a formular nuevas preguntas.

¿Cuántas personas abandonan la psicoterapia por dificultades económicas?

¿Cuántas postergan la consulta hasta que el problema se convierte en una crisis?

¿Cuántas familias deben elegir entre atender la salud mental de uno de sus integrantes y cubrir otras necesidades esenciales?

¿Cuántas personas cuentan con seguro médico, pero encuentran restricciones para acceder a tratamiento psicológico?

Necesitamos comenzar a medir también esas realidades.

Porque el acceso a la salud mental no debería depender exclusivamente del salario, del lugar donde se vive o de la posibilidad de contar con una póliza de seguro.

Las escuelas: donde también debería comenzar el cuidado psicológico

Si deseamos transformar la salud mental de las futuras generaciones, debemos comprender que las escuelas no pueden continuar siendo únicamente espacios de aprendizaje académico.

También son lugares donde niñas, niños y adolescentes construyen su identidad, desarrollan habilidades emocionales, aprenden a relacionarse y enfrentan situaciones que pueden afectar profundamente su bienestar.

El acoso escolar, la violencia, los conflictos familiares, las dificultades de aprendizaje, el aislamiento, la discriminación y las experiencias adversas pueden manifestarse dentro del entorno educativo.

Por ello, necesitamos instituciones que incorporen de manera permanente la promoción de la salud mental, el aprendizaje socioemocional, la prevención de la violencia, la detección temprana y los mecanismos de referencia.

También es indispensable formar y acompañar a docentes y cuidadores.

No podemos exigir que un maestro identifique y atienda adecuadamente todas las dificultades emocionales de sus estudiantes si no cuenta con formación, recursos, acompañamiento profesional y protocolos claros.

Una escuela que cuida la salud mental no es aquella que espera a que un estudiante entre en crisis para intervenir, sino aquella que construye cotidianamente condiciones para su bienestar.

Las universidades: formar profesionales también implica cuidar personas

En el ámbito universitario, la salud mental merece un lugar mucho más importante dentro de las políticas institucionales.

Los estudiantes enfrentan exigencias académicas, incertidumbre sobre su futuro profesional, dificultades económicas, conflictos familiares, presión por el rendimiento y cambios propios de distintas etapas del desarrollo.

En algunos casos, estas experiencias se acompañan de síntomas de ansiedad, depresión, aislamiento, consumo problemático de sustancias o riesgo suicida.

Por ello, las universidades deberían contar con programas permanentes de promoción y prevención, atención psicológica accesible, mecanismos de detección temprana y protocolos de actuación ante situaciones de crisis.

También necesitan establecer rutas de referencia hacia servicios especializados y procesos de seguimiento para estudiantes que requieren continuidad terapéutica.

Pero el cuidado no debe limitarse al alumnado.

Docentes, investigadores, personal administrativo y autoridades también forman parte de la comunidad universitaria y pueden enfrentar agotamiento, sobrecarga laboral y dificultades emocionales.

Una universidad comprometida con la salud mental no debería medir únicamente el rendimiento académico.

También tendría que preguntarse qué condiciones está creando para que las personas puedan aprender, enseñar y trabajar sin deteriorar su bienestar psicológico.

Los espacios laborales: el bienestar no puede reducirse a una charla anual

En los últimos años, distintas empresas han comenzado a incorporar actividades relacionadas con salud mental, inteligencia emocional, manejo del estrés y prevención del agotamiento.

Estos esfuerzos son valiosos, pero necesitan evolucionar.

No podemos hablar de bienestar psicológico dentro de una organización si simultáneamente normalizamos jornadas excesivas, maltrato, acoso laboral, liderazgo autoritario, falta de descanso o ambientes donde expresar una dificultad emocional se interpreta como falta de compromiso.

La salud mental laboral no consiste únicamente en enseñar a los trabajadores a tolerar mejor el estrés.

También implica revisar las condiciones organizacionales que pueden producirlo o intensificarlo.

Necesitamos políticas que contemplen la evaluación de riesgos psicosociales, la prevención de violencia y acoso, el fortalecimiento de liderazgos saludables, el acceso confidencial a atención psicológica y la construcción de culturas laborales más humanas.

Las empresas también pueden desempeñar un papel fundamental en la detección temprana y el acompañamiento de trabajadores que atraviesan duelos, enfermedades, crisis familiares o dificultades de salud mental.

Cuidar a una persona trabajadora no debería comenzar cuando su productividad disminuye.

Debería ser parte de la cultura de la organización.

La prevención del suicidio debe continuar después de septiembre

Cada septiembre, durante el mes dedicado a la prevención del suicidio, observamos campañas, publicaciones, conferencias y mensajes que invitan a reconocer señales de alerta y pedir ayuda.

Son esfuerzos importantes y necesarios.

Sin embargo, la prevención del suicidio no puede reducirse a un calendario de sensibilización.

Necesitamos comprenderla como un proceso continuo que incluya promoción de factores protectores, identificación temprana, evaluación del riesgo, intervención en crisis, tratamiento especializado, seguimiento y acompañamiento posterior.

La Organización Mundial de la Salud señala que más de 720,000 personas mueren por suicidio cada año en el mundo, lo que confirma la importancia de fortalecer las estrategias de prevención desde una perspectiva de salud pública.

En El Salvador necesitamos políticas que fortalezcan la capacidad de respuesta del sistema sanitario, educativo y comunitario.

Pero también debemos ampliar nuestra mirada hacia una dimensión que recibe menos atención:

¿qué sucede después de una crisis suicida?

¿Qué ocurre cuando una persona sobrevive a un intento de suicidio y regresa a su hogar? ¿Qué acompañamiento recibe su familia?

¿Quién orienta a sus cuidadores?

¿Cómo se organiza el seguimiento terapéutico y psiquiátrico?

¿Qué sucede cuando una comunidad educativa pierde a uno de sus integrantes por suicidio?

Estas preguntas nos llevan a un concepto fundamental: la postvención.

La postvención comprende las acciones de apoyo que se desarrollan después de una muerte por suicidio, dirigidas a personas, familias y comunidades afectadas, con el propósito de acompañar el duelo, reducir daños y atender necesidades de salud mental.

Después de un intento de suicidio, por su parte, son indispensables la continuidad asistencial, el seguimiento clínico y el acompañamiento familiar.

Aunque son situaciones diferentes, ambas requieren respuestas organizadas y sostenidas.

No basta con atender una emergencia y considerar que el trabajo ha terminado.

La ausencia de seguimiento también puede convertirse en una forma de abandono institucional.

Necesitamos protocolos que definan responsabilidades, tiempos de seguimiento, coordinación entre servicios, orientación a familiares y mecanismos para reducir la pérdida de continuidad terapéutica.

La prevención del suicidio no termina cuando una persona sale de una emergencia.

Y el acompañamiento de una familia no debería terminar cuando concluyen los actos funerarios.

Las familias también necesitan ser acompañadas

Con frecuencia, cuando una persona atraviesa un problema de salud mental, la atención se concentra exclusivamente en ella.

Sin embargo, el sufrimiento psicológico también afecta las dinámicas familiares.

Madres y padres pueden experimentar miedo, culpa e incertidumbre al acompañar a un hijo con depresión o conductas autolesivas.

Parejas pueden sentirse desorientadas frente a una crisis emocional.

Hermanos, abuelos y otros cuidadores pueden asumir responsabilidades para las cuales no cuentan con preparación.

Acompañar a una persona que atraviesa una dificultad psicológica requiere información, recursos y apoyo.

Por eso, los servicios de salud mental deberían incorporar espacios de psicoeducación familiar, orientación para cuidadores, intervención en crisis y acompañamiento durante procesos de duelo o enfermedad.

Es importante enseñar a las familias a reconocer señales de alerta, comunicarse sin invalidar, comprender los límites de su responsabilidad y saber cuándo solicitar ayuda especializada.

Pero también debemos recordar algo esencial:

Las familias pueden ser una red de apoyo, pero no deberían convertirse en sustitutas de los servicios profesionales de salud mental.

No podemos depositar sobre ellas toda la responsabilidad del cuidado sin ofrecerles herramientas, acompañamiento y descanso.

Cuidar a quien cuida también es una forma de prevención.

Políticas públicas: necesitamos pasar del reconocimiento a las garantías

El Salvador cuenta con una Ley de Salud Mental que establece un marco para la promoción, prevención, atención y rehabilitación en esta materia.

Su existencia representa una base importante.

Sin embargo, contar con legislación no significa automáticamente que todas las personas puedan acceder a los servicios que necesitan.

La verdadera fortaleza de una política pública debe observarse en su implementación.

Necesitamos saber cuántas personas pueden obtener una primera consulta en un tiempo razonable, cuántas reciben continuidad terapéutica, cuántas deben trasladarse grandes distancias para acceder a atención especializada y cuántas interrumpen sus tratamientos por razones económicas.

También necesitamos medir la disponibilidad de profesionales, la cobertura territorial, los servicios de salud mental infantil y adolescente, el acceso a psiquiatría, la atención comunitaria y los resultados de los programas de prevención.

En materia de conducta suicida, sería especialmente importante fortalecer los sistemas de información y seguimiento, respetando la confidencialidad, para conocer qué sucede después de una crisis y qué apoyos reciben las personas y sus familias.

Las políticas públicas deberían integrar de manera coordinada al Ministerio de Salud, el sistema educativo, las universidades, las municipalidades, las organizaciones comunitarias, las empresas, las aseguradoras y los profesionales de salud mental.

También necesitamos impulsar modelos de atención diferenciados según las necesidades y condiciones económicas de la población.

Esto incluye servicios públicos fortalecidos, atención comunitaria, programas de bajo costo, clínicas universitarias supervisadas, convenios institucionales y modalidades de atención a distancia cuando sean clínicamente apropiadas.

No se trata de trasladar toda la responsabilidad al Estado ni de esperar que las organizaciones privadas resuelvan por sí solas una necesidad nacional.

Se trata de reconocer que la salud mental requiere una responsabilidad compartida, pero también una conducción pública sólida que garantice equidad, calidad y continuidad.

Lo que todavía nos falta aprender como sociedad

Durante mucho tiempo, el principal desafío fue conseguir que las personas hablaran sobre sus emociones y reconocieran la importancia de pedir ayuda.

Ese trabajo continúa siendo necesario.

Pero hoy debemos avanzar hacia una conversación más profunda.

Tenemos que preguntarnos qué ocurre después de que alguien reconoce que necesita psicoterapia.

Qué sucede cuando una madre identifica que su hijo necesita atención, pero no puede pagarla.

Cuando un estudiante universitario solicita ayuda y encuentra una lista de espera.

Cuando un trabajador teme perder su empleo si habla de su depresión.

Cuando una persona sale de una crisis suicida y regresa a un entorno sin acompañamiento.

Cuando una familia pierde a un ser querido por suicidio y debe atravesar el duelo sin orientación profesional.

Cuando alguien inicia psicoterapia, comienza a encontrar alivio, pero abandona porque ya no puede cubrir las sesiones.

Estas experiencias nos recuerdan que la salud mental no puede medirse únicamente por la cantidad de campañas realizadas, profesionales disponibles o consultas solicitadas.

También debe medirse por la capacidad de nuestras instituciones para sostener el cuidado cuando las personas más lo necesitan.

La experiencia de Althea nos permite reconocer algo significativo: detrás de cada solicitud de atención existe una persona que, en algún momento, decidió que necesitaba ayuda.

Ese acto merece una respuesta.

No necesariamente una respuesta inmediata a todas sus dificultades, porque los procesos terapéuticos requieren tiempo, trabajo y continuidad.

Pero sí una respuesta que reconozca su dignidad, sus circunstancias y su derecho a recibir atención adecuada.

El país que necesitamos construir

Imagino un El Salvador donde una niña pueda recibir acompañamiento psicológico antes de que sus dificultades se conviertan en un problema mayor.

Donde un adolescente encuentre en su escuela a un adulto preparado para escuchar y activar una ruta de ayuda.

Donde una universidad comprenda que el rendimiento académico no puede separarse del bienestar emocional.

Donde una empresa reconozca que cuidar a sus trabajadores también implica transformar las condiciones que afectan su salud mental.

Donde una familia que atraviesa una crisis suicida no tenga que aprender sola cómo acompañar a su ser querido.

Donde una persona que pierde a alguien por suicidio encuentre apoyo más allá de las primeras semanas.

Y donde recibir psicoterapia no sea un privilegio determinado por los ingresos económicos.

Quizá ese sea uno de los desafíos más importantes de la psicología salvadoreña y de nuestras instituciones durante los próximos años: construir una cultura de cuidado que no se limite a sensibilizar, sino que sea capaz de acompañar.

Porque hablar de salud mental es necesario.

Pedir ayuda es importante.

Escuchar sin juzgar puede marcar una diferencia.

Pero necesitamos ir más allá.

Necesitamos transformar esa conciencia en servicios accesibles, políticas sostenidas, programas comunitarios, espacios educativos protectores, entornos laborales saludables y redes de acompañamiento para quienes atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad.

Las personas están encontrando palabras para expresar su sufrimiento.

Están comenzando a decir que necesitan ayuda.

Y tal vez la pregunta más importante que debemos hacernos como sociedad ya no sea únicamente si estamos dispuestos a hablar de salud mental.

La pregunta es si estamos preparados para cuidar a quienes finalmente se atreven a pedir ayuda.

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Nota metodológica. Los datos del Centro de Psicología Althea corresponden a registros administrativos de solicitudes de atención psicológica recibidas entre agosto de 2024 y el 7 de octubre de 2026. Las 941 solicitudes registradas no equivalen necesariamente a 941 personas distintas ni a tratamientos efectivamente iniciados. Los registros institucionales no constituyen una muestra representativa de la población salvadoreña y, por tanto, sus resultados no deben interpretarse como estimaciones de prevalencia nacional. Los motivos de consulta corresponden a respuestas abiertas y pueden incluir más de una problemática. Las variables económicas y de aseguramiento están disponibles únicamente para un subconjunto de registros, por lo que no deben extrapolarse al total de solicitudes. Los datos nacionales y los registros de Althea proceden de metodologías diferentes y no son directamente comparables.